En un documento a la opinión pública, los trabajadores de la educación que apoyan la candidatura de Daniel Martínez fundamentaron su adhesión, cumpliéndose un acto en plaza Independencia donde dieron lectura al mismo. Docentes, dirigentes del FA y público en general, se dieron cita para escuchar el texto que fue leído por la docente Elisa Cresci y que textualmente señala: “Ante la proximidad del balotaje del 24 de noviembre, donde cada uno de los uruguayos y uruguayas ejercerán su derecho al voto con el cual decidirán el futuro del país para los próximos cinco años, un grupo de Trabajadores de la Educación Pública de Soriano, hemos decidido llamarnos a la reflexión y manifestar públicamente nuestro apoyo a la candidatura de Daniel Martínez, su equipo y su proyecto.
Estos son nuestros fundamentos
En la página 165 del programa del Partido Nacional se expresa que dentro de las acciones a impulsar se encuentra la modificación de la Ley General de Educación Nº 18.437, con propuestas preocupantes como la eliminación de la representación docente en los Consejos de la ANEP,  la eliminación de la obligatoriedad o revocación de convocar al Congreso  Nacional de Educación  (que pasaría a ser optativo).
 Pero una de las acciones que más nos pone en alerta es la reformulación del concepto de Libertad de Cátedra estipulado en el art. 11 de dicha Ley que expresa:
“El docente, en su condición de profesional, es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio.
Asimismo, los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura, y el docente el deber de ponerlas a su alcance.”
 Ante esta intención, nos preguntamos con preocupación: ¿Qué es lo que se quiere reformular de un principio tan sagrado como lo es la libertad de cátedra y que ha sido emblema de la EDUCACIÓN PÚBLICA URUGUAYA desde la Reforma Vareliana, reafirmada en el período batllista de principios del Siglo XX y solamente mancillada en los períodos dictatoriales que ha sufrido nuestro país?
La respuesta a esta interrogante no está explicitada en dicho programa de gobierno, por eso nos preocupa y nos genera incertidumbre.
¿Qué se pretende cambiar? ¿Que el docente no sea catalogado como un profesional responsable a la hora de planificar? ¿Que las planificaciones vengan “digitadas” para que los docentes solamente debamos “cumplir los objetivos que se nos proporcionan” y “dictar” los contenidos que las autoridades estimen conveniente? ¿Qué los estudiantes no tengan derecho a acceder a diferentes fuentes de información para potencializar en ellos el espíritu crítico reflexivo que los consolide como ciudadanos críticos y librepensadores?
¿Se pretende que  estudiantes y docentes sean títeres del gobierno de turno?
  Reiteramos, no sabemos las acciones que pretenden hacer con respecto a la reformulación de este artículo, por eso se nos generan estas interrogantes; y ante los derechos conquistados no estamos dispuestos a retroceder.
Por otro lado,  en la página 166 del Programa de Gobierno se expresa que: se instrumentará un: “Fortalecimiento del papel de los directores de centro, se otorgará a los directores la capacidad de seleccionar a los miembros de su cuerpo docente mediante procedimientos fundados. Se tomarán las previsiones necesarias para aplicar esta medida en forma gradual y respetuosa de los derechos adquiridos”.
Esto nos pone en estado de alerta, si los Directores, más allá de los “procedimientos fundados” son los que eligen a los docentes, ¿qué sucederá con el sistema de elecciones de cargo dentro de los diferentes subsistemas de la Educación Pública Uruguaya, la cual ha tenido como emblema  histórico el acceso a un cargo EFECTIVO en el sistema a través de la implementación de concursos, donde tribunales capacitados corrigen los mismos?
¿Qué pasará con los cursos que realizan los docentes para incluir en sus carpetas de méritos que también ayudan a ordenarlos en listas para acceder a cargos efectivos, interinos y suplentes?
La constante profesionalización y actualización de los maestros y profesores ¿quedará supeditada a los intereses de los directores que circunstancialmente ocupan los cargos en las instituciones educativas?
 Estas interrogantes tampoco tienen respuestas en el citado programa de Gobierno.
Encontramos una relación directa con el objetivo de reformular del artículo 11 de la Ley General de Educación, que sean los Directores quienes elijan a los docentes y no lleguen por sus méritos a ocupar cargos en una institución pública educativa, ¿no es una forma encubierta de atentar contra la Libertad de Cátedra y en definitiva contra la LAICIDAD?
Por otro lado,  en la misma página del programa se expresa: “ Renovación del sistema de inspecciones, sustituyendo las actuales inspecciones de asignatura y de centro por un régimen de auditoría pedagógico-organizacional, a cargo de un equipo multidisciplinario (integrado por pedagogos, expertos en gestión, especialistas en arquitectura educativa, etc.) que se instale durante una semana en un establecimiento y evalúe todos los aspectos de su funcionamiento (incluyendo entrevistas con alumnos, padres y egresados). Al cabo de la semana, el equipo de auditoría hará una devolución al conjunto de la comunidad educativa (dirección, docentes, funcionarios). De allí sale un plan de mejora que será el punto de referencia para una auditoría futura. La sustitución del antiguo régimen de inspecciones por el nuevo se hará en forma progresiva”.
 ¿Eliminación de inspectores, quienes junto a Directores están preparados pedagógicamente para orientar a los docentes de aula, en la planificación responsable como consagra el artículo 11 de la Ley General de Educación que el Partido Nacional quiere reformular? ¿Régimen de auditorías en los cuales el estudio de campo en una institución, realizado en una semana, arrojará las pautas para el plan de mejora de la institución?
Cabe preguntarnos en base a las ideas expuestas en dicho documento: ¿Qué pretenden hacer del sistema educativo uruguayo? ¿Una empresa?.
Percibimos que se apunta a una PRIVATIZACIÓN “DISFRAZADA” DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA URUGUAYA”, aplicando modelos de países cercanos cuyos resultados no han sido muy buenos.
 ¿Pretenden MERCANTILIZAR la Educación Pública?
Estamos firmemente en desacuerdo con esta visión de la educación, porque no sólo está en juego el trabajo de muchos, sino la EDUCACIÓN DE CALIDAD de las futuras generaciones de nuestro país;  tenemos muy claro que la Educación Mercantil atenta contra el Pensamiento Crítico  de educadores y estudiantes.
Luego de las elecciones del pasado 27 de octubre la cúpula del Partido Nacional elaboró un borrador junto a las cúpulas de los Partidos Colorado, Cabildo Abierto, Partido De la Gente y Partido Independiente.
Dicho borrador lo dieron a conocer el pasado 1 de noviembre bajo el nombre “Compromiso por el país” que consta de 13 puntos.
 En el referido al de la Educación, uno de los aspectos que nos llama la atención es el que expresa: “Expansión de la experiencia de los liceos militares, especialmente en el interior del país. Esta formación consigue buenos resultados en términos de retención y aprendizaje, a costos reducidos y atendiendo a una población que en una proporción importante proviene de sectores vulnerables”.
¿Con el Liceo Militar en Montevideo y el anexo que se encuentra en Tacuarembó no es suficiente? ¿Resultados en términos de retención y aprendizaje?
 El “acuerdo multicolor” como lo denominó el presidenciable Lacalle, ¿no conoce la existencia de las U.C.D.I.E.? Unidades Coordinadoras Departamentales las cuales coordinan de forma interinstitucional en todo el territorio nacional, para que los alumnos pasen de un subsistema a otro supervisando su proceso educativo, con el objetivo de disminuir la desvinculación de los estudiantes.
¿Más liceos militares para cumplir esos fines que ya se están llevando a cabo con buenos resultados? ¿Quién puede negar la creación y ampliación de Liceos en zonas vulnerables en estos 15 años de gobiernos?
Entonces nos volvemos a preguntar: ¿Más liceos militares? ¿Serán para cumplir esos objetivos?  o ¿Hay otros intereses encubiertos?
El martes 5 de noviembre desde Treinta Tres el presidenciable del Partido Nacional anunció que el borrador de los trece puntos se había convertido en un “documento base”, pues había “matices” entre los firmantes y hubo que negociar.
En lo referido a Educación, dieron marcha atrás con el punto que buscaba modificar la gobernanza del Codicen, en el que entre otras cosas pretendían mantener a los representantes docentes en el Codicen, con voz y sin voto, lo que generó polémica.
Al respecto, el documento nuevo solamente se refiere a “fortalecer el rol director del Codicen de la ANEP, al que se incorporarán los Directores Generales de los subsistemas, manteniéndose los consejeros electos por los docentes”. (Fuente: Diario El País, 5/11/2019).
Dieron marcha atrás en ese aspecto, pero sobre la elección de docentes por parte de directores, la eliminación de inspectores, las auditorías de una semana, la “reformulación” de la libertad de cátedra, parece que en eso todos los firmantes, COINCIDEN.
Es por ello, que a pocos días de que se realice el balotaje, sentimos el deber moral de llamar a la reflexión a nuestros colegas, a los padres de nuestros estudiantes, a la sociedad en general.
En esta instancia electoral, no sólo se elige una fórmula presidencial y un partido político; están en juego dos proyectos de país antagónicos: uno conformado desde el 1 de noviembre, fruto de una coalición de varios partidos que si ya han tenido matices de desacuerdo en la campaña electoral, generan incertidumbre los problemas que tendrán al gobernar juntos durante cinco años; y otro, que más allá de sus aciertos y errores, nos promete continuar con la Agenda de Derechos y con un rumbo que apunta a la Educación del Siglo XXI.
En nuestra profunda y sincera autocrítica, expresamos que son necesarios grandes cambios en nuestro sistema educativo , pero que estos cambios están muy lejos de la MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN que nos pretenden implantar, explícita en el programa de gobierno del Partido Nacional y del documento base firmado el pasado 5/11.
En  una lectura reflexiva del mismo  puede comprobarse que no sacamos nada de contexto.
Hoy ante ustedes, manifestamos que votaremos a Daniel Martínez el próximo 24 de noviembre, pues su proyecto nos genera más certezas que incertidumbres, con la propuesta de seguir trabajando en la inclusión y la igualdad de oportunidades en una educación para todos y todas.
 A poco más de una semana en que cada  ciudadano y ciudadana ejerza su derecho al voto, los invitamos a reflexionar sobre ¿qué educación y qué futuro quieren para sí mismos y para las futuras generaciones?”.